Presentación - La lucha contra las restricciones de la Competencia: sanciones y remedios en el ordenamiento español
Por Javier Salinas
El pasado lunes 27 de noviembre de 2017 acudimos a la sede de la Fundación Rafael del Pino para asistir a la presentación de la obra colectiva titulada “La lucha contra las restricciones de la Competencia: sanciones y remedios en el ordenamiento español” (Comares, 2017), que ha coordinado Antonio Robles Martin-Laborda, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid.
En su elaboración han participado un grupo de destacados académicos de Derecho de la Competencia de nuestro país.
En el acto de presentación de la obra colectiva intervinieron los académicos Amadeo Petitbò (Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia), Luis Antonio Velasco San Pedro (Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid) y Andrés Betancor Rodríguez (Catedrático de Derecho Administrativo en la Universitat Pompeu Fabra). En la presentación se abordaron interesantes cuestiones de actualidad en este ámbito del Derecho que, como apuntó uno de los ponentes en el acto, son objeto de un reflexivo análisis en los distintos capítulos de la obra.
Así, de una parte, se puso particularmente de manifiesto el reducido importe de las sanciones impuestas a algunos operadores participantes en conductas de cártel recientemente sancionadas, en relación con la necesidad de buscar un régimen sancionador por infracción de la normativa de Defensa de la Competencia más disuasorio que el actual.
Como solución a este aparente problema, se sugirió, entre otras medidas, el fomento de un sistema de resarcimiento de daños y perjuicios que, en la práctica, resultara verdaderamente atractivo para los afectados por las prácticas anticompetitivas, en el sentido de facilitarles la obtención una efectiva y plena compensación por los daños y perjuicios soportados.
Al hilo de lo anterior, y en relación con el efecto disuasorio del régimen sancionador, se llamó la atención sobre la posibilidad de que las administraciones públicas nacionales dieran un paso adelante en este tipo de reclamaciones, como ya hizo en su día la Comisión Europea en relación con el cártel europeo de los ascensores, y se aventuraran a solicitar ante los tribunales civiles el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las prácticas anticompetitivas acreditadas en resoluciones de la autoridad de competencia estatal (como pudiera ser el caso de los expedientes Asfaltos o Sobres de papel).
Precisamente en relación con la búsqueda de un régimen sancionador por infracción de la normativa de Defensa de la Competencia más disuasorio, se aludió también a la posibilidad de aplicar a este tipo de conductas los artículos del Código Penal relacionados con los delitos relativos al mercado y a los consumidores. Se resaltó, no obstante, la escasa trascendencia que los citados artículos del Código Penal han tenido en la práctica hasta la fecha. En este sentido, se destacó la detallada aportación contenida en uno de los capítulos de la obra en relación con esta controvertida cuestión.
Otra cuestión discutida durante la presentación de la obra, también reflejada en uno de sus capítulos, fue la relacionada con la conocida jurisprudencia del Tribunal Supremo que, introduciendo nuevos criterios para el cálculo de las sanciones por infracción de la normativa de Defensa de la Competencia, dejó sin efecto la anterior metodología de cálculo aplicada por la autoridad de competencia estatal.
A juicio de los ponentes, así como de los asistentes a la presentación, la aplicación de esta nueva línea jurisprudencial en relación con el cálculo de dichas sanciones ha planteado importantes dificultades prácticas a la autoridad de competencia estatal. Tales dificultades se habrían traducido, según consta en alguno de los capítulos de la obra, y tal y como manifestó alguno de los ponentes y asistentes, en una metodología carente de uniformidad y de difícil comprensión, necesitada de una reformulación que debe realizarse, no tanto mediante la intervención práctica de la autoridad de competencia estatal, sino mediante la modificación legislativa del régimen sancionador previsto en la Ley de Defensa de la Competencia.
Durante el acto de presentación de la obra se llamó la atención, asimismo, sobre otras muchas interesantes cuestiones de actualidad relacionadas con el Derecho de la Competencia cuyo tratamiento, no obstante, va más allá del alcance de esta nota. No obstante, podemos manifestar que la obra colectiva titulada “La lucha contra las restricciones de la Competencia: sanciones y remedios en el ordenamiento español” contiene una exhaustiva exposición de cuestiones de inmensa relevancia práctica y forma ya parte de la biblioteca del departamento de Derecho de la Unión Europea y de la Competencia de Ramón y Cajal Abogados.
